En 2017 se aprobó la nueva Ley de Contratos del Sector Público, siguiendo varias directivas del Parlamento Europeo (las directivas 23, 24 y 25 de 2014). Ello ha ido produciendo cambios importantes en la dinámica de las contrataciones realizadas por las entidades públicas. Ahora el sistema de contratación pública puede suponer una importante herramienta para promover la igualdad, pues ya no impera el principio de la propuesta más económica. Este criterio ha demostrado con creces que lejos de significar la mejor opción, en muchas ocasiones conlleva una menor calidad en el resultado final y en los recursos que intervienen en su proceso. Entre ellos, también los recursos humanos.
Ahora las entidades públicas pueden optar por la oferta que suponga la mejor opción calidad-precio. Y ello comporta ventajas para empresas que opten por criterios de calidad. Hasta este cambio legislativo éstas se veían penalizadas, pues la mayor calidad siempre va asociada a un mayor coste.
Las cláusulas sociales, herramientas impulsoras de la igualdad
Además ahora las entidades públicas cada vez en mayor medida optan por incluir cláusulas sociales en los pliegos de condiciones de sus ofertas. Es decir, empiezan a implicarse también a través de su propio consumo en los cambios sociales que promueven desde otros ámbitos de actuación, (como por ejemplo el normativo). Y a través del cambio en su modo de consumir, promueven y multiplican el cambio en los diferentes agentes que se relacionan con ellas, como las empresas que optan a las contrataciones públicas.
Estas cláusulas pueden consistir en incorporar criterios de acceso, que en caso de no cumplirse impiden la posibilidad de presentación. También pueden premiar el cumplimiento de ciertos criterios con puntuaciones extra. Por ejemplo, que sea un criterio de acceso el que las empresas dispongan de un Plan de Igualdad. O premiar con un punto extra a aquellas empresas que disponen de uno.
De este modo, las empresas encuentran motivaciones adicionales para incorporar criterios de igualdad de género y oportunidades en su gestión. El necesario cambio social se ve multiplicado a través de su aplicación por el entramado empresarial, llegando en mayor medida a la ciudadanía.
Inversión en igualdad para administraciones públicas y empresas
Para llevar a cabo este proceso es necesaria la sensibilización y formación al personal público, para que se sienta motivado y sepa cómo incorporar estas condiciones en los pliegos de contratación.
También el asesoramiento y formación al personal de las empresas, para poder aplicar los criterios de igualdad en su gestión y beneficiarse de sus múltiples ventajas.
Todos estos aspectos contribuyen a que la contratación pública pueda ahora ser utilizada como una potente herramienta de cambio para la igualdad social.
Noticias relacionadas:
Contratación pública con perspectiva de género